En la columna anterior expresamos la necesidad de modificar el actual sistema de asignación de recursos estatales, de modo que el dinero de nuestros impuestos llegue de manera más precisa a quienes lo necesitan: los jóvenes más pobres de la nueva población universitaria. Hoy proponemos, entre otras medidas, modificar de plano el mecanismo usado para el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y el método de cálculo del Arancel Referencial usado para determinar las becas.
El AFI entregado a los planteles que matriculan a los 27.000 mejores puntajes nacionales, concentra su distribución, más del 40%, en apenas dos instituciones: Pontificia Universidad Católica y la Universidad de Chile. Este mecanismo nació hace tres décadas para premiar a las casas de estudios que captaban los mejores alumnos, época en que el 5% de la población chilena que terminaba la educación secundaria accedía a estudios superiores, es decir era una elite la que ingresaba a nuestras universidades. Actualmente, no obstante el radical cambio en la composición del alumnado - cerca de 45% accede a estudios terciarios - se sigue utilizando el mismo mecanismo. Este atraso hace del AFI un instrumento ineficaz para una correcta política subsidiaria, puesto que no entrega más dinero a los alumnos que más lo necesitan.
Asimismo, debería modificarse de manera sustancial el sistema de cálculo para fijar el Arancel Referencial. Este último resulta también altamente regresivo, puesto que premia con más dinero a los alumnos que ingresan a las universidades ubicadas en los tramos más altos de dicha escala. Es decir, otra vez más dinero a las instituciones que captan los estudiantes de mejores niveles económicos.
Los estudiantes seleccionados vía PSU, que cuentan con las capacidades y que sean pobres deben ser los que más recursos reciban, de modo que les sea posible progresar sin más límites que su dedicación, esfuerzo y voluntad.
EL SUBSIDIUM EN EDUCACION SUPERIOR, ¿PARA QUIENES?
Columna del rector Alberto Vásquez Tapia publicada en el Diario Austral el lunes 16 de junio.
Una arista del escenario de movilizaciones estudiantiles corresponde a las transferencias de recursos financieros desde el Estado a los universitarios, mediante becas, créditos, aranceles y beneficios. No obstante el aumento considerable en los montos, en la ciudadanía queda la impresión que en estos años el Estado ha actuado de manera reactiva, pues los tipos de ayuda parecen ser el resultado de respuestas apuradas frente a demandas desafiantes y hechos de fuerzas, y no resultado de una mirada global, reflexiva y lúcida, que permita armonizar las diferentes políticas y metas nacionales. En esto los jóvenes tienen razón. Necesitamos responder con seriedad al desafío que tenemos como país: aumentar la cobertura - más alumnos, con menor capital sociocultural y más pobres - con la exigencia ineludible de formarlos con calidad.
El sistema de asignación de recursos que se ha impuesto, termina por hacernos perder el verdadero sentido de subsidium, que debe tener toda transferencia del sector público: entregar más apoyo a quiénes más lo necesitan, esto es, a los más pobres, puesto que sin esa ayuda no podrían salir adelante, porque estructuralmente requieren hacer mayores esfuerzos para apropiarse de las condiciones y competencias que les posibilite lograr sus objetivos ciudadanos, sociales, sanitarios y educacionales.
Sin embargo, prevalece la (no) lógica de seguir favoreciendo a los que más tienen. El aporte fiscal directo (AFD), cerca de $130 mil millones, se distribuye de tal forma que el 50% recae en sólo cinco instituciones que representan menos del 20% de la matrícula universitaria nacional, las que reciben a estudiantes de mayores niveles socioeconómicos del país. Asimismo, el aporte fiscal indirecto (AFI), cerca de $20 mil millones, se les entrega a las universidades que reciben a los postulantes con mayores puntajes, es decir, a los que pertenecen a los quintiles más ricos de la población.
Las universidades de nuestra región somos las que matriculamos a los alumnos con perfiles socioeconómicos más bajos del país, sin embargo, somos las que menos recursos financieros recibimos del Estado. No cabe duda, una mirada lúcida lleva a concluir que se necesita pensar de fondo el sistema de transferencia, subsidiar con sabiduría para resolver el dilema que nos permita que en Chile sea posible que todo ciudadano, independiente de su condición social económica pueda llegar a cumplir con sus anhelos, sin más límites que su dedicación, esfuerzo y voluntad. |
